En plena negociación de los partidos polÃticos sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2024, uno de los planteamientos por el partido polÃtico Sumar es la creación de un impuesto nacional a las herencias y donaciones.
Aunque no hay mucha información sobre esta posibilidad, cada vez se oye con más fuerza la modificación o cambio de competencias sobre estos impuestos, lo que sin lugar a dudas, nos hace plantearnos ahora mismo la posibilidad de que pudiera ser inconstitucional por las siguientes razones.
La competencia para la gestión de estos impuestos corresponde a las Comunidades Autónomas, ya que actualmente están cedidas estas materias.
Si bien es cierto, realmente el atractivo que tienen ambos impuestos son las reducciones y bonificaciones que sean de aplicación según lo aprobado por cada una de ellas.
La Ley establece que las Comunidades Autónomas puedan fijar sus tributos respetando la Constitución y las Leyes. Aquà la cuestión estarÃa en determinar, si la normativa ya aprobada en materia de herencias y donaciones pueden retrotraer sus efectos cuando el hecho imponible (herencia o donación) sean grabados ahora por el Estado. La normativa establece que podrán establecerse medios de compensación para las Comunidades Autónomas que vean perjudicados sus ingresos a razón de esta medida.
Ya ha podido dictarse alguna sentencia del Tribunal Supremo en este sentido, en cuanto a resulta inconstitucional la doble imposición tributaria.
La garantÃa sobre el ciudadano es que no debe de pagar doblemente (al Estado y Comunidades Autónomas), por un mismo hecho imponible.
AsÃ, como indica alguna resolución, no existiendo esa doble tributación, lo único que cabrÃa analizar, por posible inconstitucionalidad, es si esta medida contribuye o no con el principio de deber de contribuir con el gasto público, y con la prohibición de no confiscatoriedad.
Por lo tanto, de avanzarse en estos términos, el impacto en términos económicos que supondrÃa la aplicación de este nuevo impuesto para determinadas personas, supondrÃa unos efectos perjudiciales, ya que en muchos supuestos, estas personas siempre meditan con aceptar o renunciar a las mismas, en razón de la imponente carga fiscal.
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